La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar a favor del preso político cubano Amalio Álvarez González, quien cumple una sentencia de 15 años de privación de libertad, tras participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021.
La entidad que tiene su sede principal en Miami, considera que la integridad física y mental de Álvarez González está en gran riesgo y requiere de acciones inminentes que mitiguen su situación.
“¿Por qué hacemos este llamado? Porque la situación es grave y urgente: cada día sin intervención aumenta el riesgo de un daño irreparable. El Estado, como garante de quienes están bajo su custodia, debe proteger su vida e integridad”, afirmó a Martí Noticias Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias de la FDP.
El preso político está recluido en la prisión Combinado del Este de La Habana, donde no recibe la atención psiquiátrica adecuada a sus trastornos mentales severos que lo han llevado a autolesionarse en numerosas ocasiones y atentar contra su vida.
“No sé si es que el medicamento ya no le está haciendo nada, si le estarán dando otro medicamento, pero si está muy alterado porque me llamó y me trató de una forma que nunca me había tratado. A él le tienen que dar la carbamazepina. Claro, el medicamento se lo compro yo en la calle porque allí no hay”, explicó a nuestra redacción Esperanza Álvarez González, la hermana del preso político.
La mujer indicó que, aunque supuestamente lo atienden una psiquiatra y una psicóloga que son parte del personal penitenciario, los servicios no son efectivos, o no cumplen con los estándares de atención necesarios.
“Al principio, lo evaluaron en un hospital, pero no le han dado más consultas, desde que está preso. Mi hermano se me va a morir ahí adentro. ¡Ya no le cabe una cortada más en su cuerpo!
De acuerdo con la solicitud, FDP pide a la organización continental que reclame al Estado cubano que ampare y proteja a Álvarez González, proporcionándole “evaluación psiquiátrica urgente e independiente, acceso continuo a medicación y tratamiento, prohibición del aislamiento punitivo y traslado a una unidad médico-psiquiátrica y su libertad inmediata”.
El Centro de Denuncias recordó las violaciones de derechos humanos con los detenidos del 11J y las reiteradas denuncias de organizaciones internacionales acerca de la incompatibilidad de las cárceles cubanas con la dignidad humana, “lo que agrava el riesgo para personas con discapacidad psicosocial como Álvarez”, concluye la Solicitud de Medidas Cautelares.
“Y algo esencial: Amalio no es un caso aislado. Hay muchos más presos políticos en Cuba enfrentando condiciones inhumanas y falta de atención médica. Nadie debe ser privado de libertad por pensar diferente; la libertad y la dignidad deben ser respetadas en Cuba”, subrayó Vargas.
Otros familiares de presos políticos del 11J que sufren trastornos psiquiátricos han denunciado ‘la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada' en los establecimientos penitenciarios del país.
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