En su informe sobre derechos humanos en el mundo en el 2024, Estados Unidos criticó la falta de “cambios” en la situación de los derechos humanos en Cuba.
El informe enumera varios “problemas significativos de derechos humanos” y señala que el gobierno no adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.
De acuerdo con el documento que elabora y publica el Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, señalando que, en julio, la organización no gubernamental Centro de Información Legal Cubalex publicó un informe que documenta 56 muertes de personas detenidas o bajo custodia de las autoridades entre enero de 2022 y enero de 2024.
Basado en testimonios de familiares de las víctimas, informes de prensa y hallazgos de otras ONG, el informe indicó que una de las principales causas de estas muertes fue el uso excesivo de la fuerza.
El informe da cuenta además de “desapariciones; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno”.
“Miembros de las fuerzas de seguridad y sus agentes presuntamente acosaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y la democracia, disidentes políticos y manifestantes pacíficos, y lo hicieron con impunidad, según informes de las ONG Justicia 11J, Prisoners Defenders, Cubalex, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice el reporte sobre derechos humanos.
Según el informe, “aunque la ley prohibía la coerción durante los interrogatorios de investigación, la policía y otras fuerzas de seguridad emplearon en ocasiones tácticas agresivas y de abuso físico, amenazas y acoso durante los interrogatories”, añadiendo que “los detenidos denunciaron que los agentes los intimidaron con amenazas de detención prolongada, pérdida de la custodia de sus hijos, denegación del permiso para salir del país y otros castigos”.
El reporte menciona además “graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o procesamientos injustificados de periodistas y censura”.
Asegura que “la represión y el exilio forzado se utilizaron para hostigar a periodistas independientes” y menciona que “en junio, las autoridades multaron al periodista independiente Julio Aleaga Pesant con 3.000 pesos cubanos (125 dólares) por el delito de "propaganda enemiga" debido a sus publicaciones en redes sociales en las que criticaba la falta de derechos en el país”.
“El gobierno hostigó y amenazó a periodistas ciudadanos independientes que denunciaban abusos contra los derechos humanos. Hasta septiembre, la ONG Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 99 detenciones arbitrarias, 179 agresiones y amenazas, 126 agresiones físicas y 36 artistas, influencers de redes sociales, reporteros, activistas, presos políticos y figuras religiosas encarcelados o bajo arresto domiciliario por ejercer su derecho a la libertad de expression”, dice el informe.
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, aunque la Constitución cubana incluía protecciones explícitas de la libertad y los derechos humanos, incluido el hábeas corpus, no había indicios de que las autoridades las cumplieran o hicieran cumplir.
“A pesar de estar obligados a presentar cargos en el plazo de una semana, el gobierno mantenía a algunos detenidos durante meses o incluso años en prisión preventiva, tanto en casos políticos como no políticos. Justicia 11J estimó que 676 de las más de 1400 personas arrestadas en las protestas de julio de 2021 seguían detenidas en marzo. En octubre, el gobierno aún mantenía en prisión preventiva a más de 10 manifestantes de las protestas en Santiago de Cuba en marzo, aunque las autoridades no habían iniciado investigaciones penales”, señala el reporte.
Otros dos puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior y las violaciones a la libertad religiosa, aunque el informe refiere al público a reportes especificos sobre esos temas.
Para este año, el informe ha sido reestructurado de manera que elimina la redundancia, aumenta la legibilidad y responde a los mandatos legislativos que lo sustentan, en lugar de ser una lista extensa de demandas y afirmaciones políticamente sesgadas, según informó la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce.
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